La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de un ciudadano a quien se le negó la apertura de una cuenta de ahorros por tener antecedentes penales. El tribunal determinó que estos antecedentes no deben convertirse en una carga perpetua que limite el ejercicio de derechos ni impedir la reintegración social de las personas que han cumplido su condena. El accionante intentó abrir una cuenta en Bancolombia, Nequi y Davivienda, pero fue rechazado debido a las políticas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que consideraron su condena de 2017. Esto le generó dificultades para recibir pagos y administrar sus ingresos, llevándolo a presentar una acción de tutela. La Corte concluyó que los bancos no pueden imponer barreras de acceso automáticas basadas únicamente en antecedentes penales. Cualquier negativa debe estar sustentada en criterios objetivos y razonables, evaluando el riesgo individual de cada persona. También resaltó que el acceso al sistema financiero es una condición necesaria para ejercer otros derechos y favorecer la reintegración social. Como resultado, los bancos deberán abrir la cuenta solicitada y revisar sus procedimientos internos para evitar decisiones discriminatorias. Además, la Superintendencia Financiera deberá expedir una circular con lineamientos claros sobre el acceso de personas con antecedentes penales al sistema financiero. TIPS: Para proteger sus derechos y evitar vulneraciones, especialmente en situaciones como la supresión de antecedentes penales y el acceso al sistema financiero:
- Infórmese sobre sus derechos; conozca la legislación vigente la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data) y la sentencia T-113/25 de la Corte Constitucional. La Ley 1266 de 2008 protege los datos personales en centrales de riesgo, y la sentencia T-113/25 establece que las entidades financieras no pueden negar el acceso a sus servicios por el mero hecho de tener antecedentes penales.
- Guarde y organice documentación clave; mantenga copias de sentencias judiciales, certificados de cumplimiento de penas y cualquier otro documento que respalde su situación. Esto será esencial al solicitar la eliminación de antecedentes o al defender su derecho de acceso a servicios financieros.
- Solicite la actualización de sus datos; si han pasado más de cinco años desde el cumplimiento de su condena, verifique que su historial esté actualizado en las bases de datos y, de ser necesario, inicie el trámite para corregirlo.
- Evite barreras automáticas en servicios financieros; si un banco le niega el acceso por antecedentes penales, exige una evaluación individual y objetiva. Puede presentar una Acción de Tutela si considera que están vulnerando sus derechos fundamentales.
- Acuda a los servicios jurídicos que le presta SIL ABOGADOS y entidades de protección de derechos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que puedan orientarle y apoyarle en casos de vulneración de derechos fundamentales.
- Haga valer su derecho al Habeas Data; Tiene derecho a actualizar, corregir o eliminar información personal registrada sobre usted que esté afectando injustamente su acceso a oportunidades.
- Busque asesoría jurídica si es necesario; Aunque algunos trámites no requieren abogado, contar con orientación legal puede facilitar el proceso y fortalecer su caso.