La licencia de maternidad es un derecho tanto para trabajadoras dependientes como independientes. En caso de inconvenientes con la EPS o el empleador, las afectadas pueden presentar quejas ante la EPS o acudir al Ministerio del Trabajo.

Documentación requerida (ambos casos)

• Certificado médico con el estado de embarazo y fecha probable del parto. Fecha sugerida de inicio del descanso. Registro civil del hijo. Solicitud formal dirigida a la EPS.

Trabajadoras dependientes

• Entregan documentos al empleador y la EPS. La EPS paga la licencia con base en el salario devengado previo al inicio del descanso. Si la EPS niega el pago: Pueden acudir al inspector de trabajo o presentar una demanda según el caso.
• Está prohibido el despido por embarazo o lactancia sin autorización del Ministerio del Trabajo.

Trabajadoras independientes

• Presentan directamente la solicitud a la EPS. El pago se calcula sobre el 40 % de los honorarios declarados, con un mínimo de 1 salario mínimo mensual. Deben informar al contratante para que se hagan los ajustes contractuales y se garantice su reactivación posterior. En caso de negativa de pago, se debe presentar queja ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Situaciones especiales que modifican la duración

• Partos múltiples: se añaden 2 semanas. Parto anticipado: la licencia inicia desde el nacimiento. Prematuridad: se adiciona el tiempo faltante hasta completar 37 semanas de gestación. Fallecimiento o enfermedad de la madre: el padre puede asumir la licencia restante. Licencia de paternidad: el padre tiene derecho, presentando el registro civil del hijo.

Tips de protección en contexto militar (Directiva 222 de 2017 y normas aplicables)

1. Solicite y documente la licencia a tiempo y conserve copia de todo lo entregado.
2. Informe por escrito al contratante militar y solicite formalmente los ajustes contractuales.
3. Si hay negativa de pago o represalias, puede acudir a:
   • Superintendencia Nacional de Salud.
   • Inspección General del Ejército.
   • Procuraduría General de Nación.
   • Ministerio del Trabajo.
   • Interponer una acción de tutela.
4. Conozca la Directiva 222 de 2017, que regula permisos en el ámbito militar y respeta derechos laborales civiles.
5. El despido por maternidad sin autorización es ilegal y puede constituir discriminación.

6. Fuente normativa: Artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo
7. Fuente jurisprudencial Corte Constitucional (T-030/2018); Sentencia T-293 de 2023, establece varios puntos importantes en referencia al estado de embarazo de una trabajadora vinculada mediante un contrato de prestación de servicios.
8. Instrumentos internacionales: Declaración Universal de derechos Humanos, en el artículo 25, señala que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.

Por su parte, el artículo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, establece que “se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto.”

Igualmente, el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, expedida en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU, y aprobada por la ley 51 de 1981, establece que es obligación de los Estados adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo.  

Después de cinco años de haber cumplido una condena, cualquier ciudadano puede solicitar la eliminación de sus antecedentes si aún figuran en la base de datos de consulta ciudadana. La ausencia de la frase “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales” en el sistema indica que los antecedentes siguen registrados.

La solicitud puede dirigirse a la Policía Nacional, la Procuraduría o al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, y debe incluir:

• Datos personales y del proceso judicial.
• Detalles de la condena y fecha de cumplimiento.
• Documentos de respaldo, como la sentencia judicial y el certificado de paz y salvo por cumplimiento de la pena.

Este trámite es gratuito y no requiere abogado. La autoridad competente revisará la solicitud y emitirá una decisión en un plazo de 15 días hábiles. Si se presenta ante el juzgado, el juez podrá ordenar la actualización de la base de datos; si se presenta directamente a la entidad que gestiona la base de datos, esta deberá realizar el cambio sin necesidad de orden judicial.

El procedimiento se ampara en el derecho al habeas data, que permite a los ciudadanos actualizar, corregir o eliminar información personal registrada sobre ellos.

TIPS: Algunos consejos para evitar vulneraciones a sus derechos, especialmente en lo relacionado con la eliminación de antecedentes penales y el acceso a servicios financieros:

1. Verifique su información en bases de datos oficiales: Antes de hacer una solicitud, revise si sus antecedentes siguen registrados. Si la base de datos no ha sido actualizada después de cinco años, inicie el trámite para su eliminación.
2. Mantenga un registro de documentación clave: Guarde copias de la sentencia judicial, el certificado de paz y salvo, y cualquier otro documento que respalde su derecho a la actualización de datos.
3. Solicite una evaluación individual en servicios financieros: Si un banco le niega la apertura de una cuenta por antecedentes penales, exija una revisión basada en criterios objetivos y no en restricciones automáticas.
4. Ejecute su derecho al habeas data: Tiene derecho a actualizar, corregir o eliminar información personal que le afecte injustamente. Si una entidad se niega a hacerlo, puede presentar una petición formal.
5. Reciba orientación por parte de SIL ABOGADOS y de entidades de derechos humanos: como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría quienes podrán asesorarle sobre qué hacer si considera que sus derechos están siendo vulnerados.
6. No dude en interponer una tutela: Si enfrenta barreras injustas, la acción de tutela puede ser una herramienta eficaz para exigir el respeto de sus derechos ante entidades públicas o privadas.
7. Conozca las leyes y reglamentos vigentes: Estar informado le permitirá actuar con seguridad y exigir el cumplimiento de las normas que protegen su acceso a oportunidades.

¿Qué es la violencia intrafamiliar?

Se define como el uso de fuerza física, verbal, psicológica, económica o sexual contra un miembro del núcleo familiar. Es considerada delito en Colombia, incluso si los agresores no conviven con la víctima (por ejemplo, ex cónyuges o padres separados).

¿Quiénes pueden ser víctimas?

• Familiares directos.
• Personas encargadas del cuidado de miembros del hogar.
• Quienes mantuvieron relaciones extramatrimoniales estables.

Lo importante es que exista un vínculo de dependencia que genere vulnerabilidad.

Modalidades de violencia intrafamiliar

• Física: Golpes o lesiones corporales.
• Psicológica: Insultos, amenazas, humillaciones o manipulación emocional.
• Económica: Restricción del acceso a recursos financieros.
• Sexual: Actos forzados o no consentidos.

Medidas de protección y denuncia

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia, ya sea como víctima o testigo. La Fiscalía General de la Nación ha habilitado la línea gratuita 122 y su sitio web institucional para recibir denuncias y brindar atención inmediata.

TIPS:

Algunos consejos para proteger sus derechos en casos de violencia intrafamiliar, incluso si no hay convivencia:

1. Conozca la legislación vigente LEY 1959 DE 2019: La violencia intrafamiliar es un delito, sin importar si hay convivencia. Informarse sobre sus derechos le ayudará a reconocer situaciones de maltrato y actuar con fundamento.
2. Busque ayuda y denuncie: No está solo. Puede llamar a la línea gratuita 122 de la Fiscalía General de la Nación o acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo y la Comisaría de Familia.
3. Documente las agresiones: Guarde evidencia de maltrato físico, psicológico, económico o sexual, como fotos, mensajes y testimonios de personas cercanas. Esto fortalecerá su denuncia.
4. Solicite medidas de protección: Si se siente en peligro, puede pedir medidas de protección a las autoridades para evitar el contacto con el agresor y garantizar su seguridad.
5. No permita chantajes ni manipulación: La violencia psicológica y económica pueden ser silenciosas, pero igual de graves. Exige tu autonomía y acceso a recursos.
6. Acuda a redes de apoyo: Busque ayuda en organizaciones especializadas en víctimas de violencia intrafamiliar. El respaldo de profesionales y personas cercanas es clave para su bienestar.
7. Priorice su bienestar emocional: La violencia puede afectar su salud mental. No dude en buscar ayuda psicológica para fortalecer su recuperación.

Ley 2300 del 2023-LEY DEJEN DE FREGAR

Actualmente en Colombia los bancos han comenzado a llamar a sus clientes para que se pongan al día en sus obligaciones, al igual que las entidades que manejan las telefonías móviles, para ello hay que tener en cuenta así usted debe o tiene un crédito con la entidad para no hacer en estafas.

Esta es una ley que busca proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en la que estos pueden ser contactados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales y jurídicas que adelantan gestiones de cobranza de forma directa, por medio de terceros o por cesión de la obligación.

TIPS: 

1. Ingrese a https://www.tramitescrcom.gov.co/
2. Haga clic en la opción ‘Registro de Números Excluidos’
3. Acepte los términos y condiciones
4. Ingrese sus datos y acceda. Si no tiene una cuenta, regístrese y cree una cuenta.
5. Elija qué números, correos y páginas de las que no quiera recibir publicidad.
6. Siga el paso a paso

TRASLADO DE LA TUTELA AL ACCIONADO POR MEDIO ELECTRONICO NO DA CAUSAL A NOTIFICACION PERSONAL

De la anterior norma se puede colegir que la tutela al ser una demanda de protección de derechos fundamentales, debe tener el mismo ámbito de aplicación en la notificación como una demanda y debe hacer el traslado según el artículo antes mencionado con el fin de que la parte accionada tenga el derecho a la contradicción.

Entro en vigencia en junio 13 del 2022

La Corte Constitucional mediante el decreto 806 del 2020 y la ley 2213 del 2022, donde establece los mecanismos alternativos de celeridad procesal en las notificaciones electrónicas, por medio de las TIC, y de igual forma se establecen cargas que deben asumir los demandantes respecto a la admisión de demandas, bajo el entendido que no son aplicables para la acción de tutela. 

Al salir vigente esta ley, adiciono al Código General del Proceso y a la Constitución Política de Colombia los mecanismos de la oralidad y virtualidad en todos los mecanismos de protección de derechos al igual que las demandas que se pueden interponen, esto con el fin de aplicar las TIC en las notificaciones.

TIPS:

• Al momento de radicar o instaurar una acción de tutela, esta puede ser notificada por mensaje de datos a la parte accionada, ya sea por mecanismos alternativos de la TIC, como lo son:
  • mensaje de texto vía teléfono,
  • mensaje por correo electrónico,
  • mensaje vía WhatsApp, o por medio físico